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  GUIA DE ELECCIONES SINDICALES 2014

Guías jurídico-sindicales

 

I       NORMAS DE APLICACIÓN AL PROCESO DE ELECCIONES SINDICALES DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

II      INTRODUCCIÓN

III    PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ESPECIALIDADES

IV    ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO

V     PROMOCIÓN ELECTORAL

VI    PROCEDIMIENTO ELECTORAL.

VII      PROCEDIMIENTO ARBITRAL.

VIII     IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DENIEGUE EL REGISTRO DEL ACTA ELECTORAL.

IX    OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN JUDICIAL EN MATERIA ELECTORAL.

X  . CONSEJOS FINALES.

XI    MODELOS NORMALIZADOS Y FORMULARIOS.

 

ELECCIONES SINDICALES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


VIII     IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DENIEGUE EL REGISTRO DEL ACTA ELECTORALPROCECIMIENTO ARBITRAL

.

Este procedimiento especial se encuentra regulado en los artículos 133 a 136 de la Ley  del Procedimiento Laboral (LRJS)

La denegación por la Oficina Pública del registro de las actas derivadas de las elecciones a delegados de personal y miembros de Junta de Personal, es susceptible de ser impugnada ante la Jurisdicción Social de forma directa sin pasar por el proceso de arbitraje (artículo 28.1 de la LORAP), a través del procedimiento que se detalla en este epígrafe.

Las causas por las que la Oficina Pública puede denegar el registro de un acta son:

- cuando se trate de actas que no vayan extendidas en el modelo oficial normalizado;

- cuando no se haya comunicado la promoción electoral a la Oficina pública;

- cuando falte la firma del Presidente de la Mesa electoral o

- cuando se haya omitido en las actas datos, o sean ilegibles, de tal forma que impida el cómputo electoral.

En estos supuestos, la Oficina Pública debe requerir, dentro del siguiente día hábil, al Presidente de la Mesa electoral para que en el plazo de diez días, también hábiles, proceda a la subsanar las irregularidades advertidas. El requerimiento deberá ser comunicado también a los sindicatos que hayan obtenido representación y al resto de las candidaturas. Si se subsana la irregularidad en cuestión, la Oficina Pública registrará el acta electoral. Si transcurren los diez días sin que se haya efectuado la subsanación, o ésta no se realiza correctamente, la Oficina Pública procederá, en el plazo de diez días hábiles, a denegar el registro, debiendo notificar esta decisión de nuevo a los sindicatos que hayan obtenido representación y al Presidente de la Mesa. Si la irregularidad consiste en la ausencia de comunicación de la promoción electoral a la Oficina Pública, no cabe subsanación posterior, por lo que, comprobada la falta de dicho trámite, se procederá a la denegación del registro, comunicando esta decisión al Presidente de la Mesa electoral, a los sindicatos que hayan obtenido representación y al resto de las candidaturas.

Llegados a este punto, el artículo 133 de la LRJS, recogen la posibilidad de impugnar ante la Jurisdicción social la denegación del registro de las actas electorales. Están legitimados para demandar quienes hubiesen obtenido algún representante en el acta de las elecciones, (artículo 133.1 de la la LRJS).

Se deberá interponer la demanda ante el Juzgado de lo Social en cuya circunscripción se encuentre la Oficina Pública (artículo 133.1 de la LRJS). No es necesario interponer reclamación administrativa previa, pero sí es requisito necesario que exista una resolución de la Oficina Pública denegando la inscripción. En el caso de ser varias las candidaturas que hayan impugnado la denegación de registro, y no lo hagan conjuntamente, cabe la acumulación de los distintos procedimientos judiciales en uno sólo.

Nota: Es competente en cualquier caso el Juzgado de lo Social en el que esté la oficina de registro que deniegue la inscripción, aunque el proceso electoral afecte a centros de trabajo de dos territorios jurisdiccionales distintos

. Deberán ser demandados:

a) La Oficina Pública,

b) Y los que hayan presentado candidatos a las elecciones.

El plazo para interponer la demanda es de diez días, a partir de la notificación de la resolución que deniega el registro de las actas electorales.

La LRJS no establece expresamente las causas de impugnación ante la Jurisdicción social por las que se puede atacar la denegación del registro de las actas. Así, la discusión deberá versar sobre la inapropiada interpretación de la Oficina Pública de las causas por las que denegó el registro, o bien sobre el procedimiento de registro en sí.

El proceso es urgente, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la admisión de la demanda, el Juez requerirá a la Oficina Pública, a fin de que remita en plazo de dos días el expediente administrativo (artículo 135.1 de la LRJS). Las partes podrán solicitar al Juez de lo Social, la suspensión del acto que deniega el registro de las actas, si considera que se lesionan sus derechos fundamentales.

El Acto del Juicio se celebrará en los cinco días siguientes a la recepción por parte del juez del expediente administrativo (artículo 135.2 de la LRJS). La vista comenzará con la ratificación de la parte actora; cabe la posibilidad de que se amplíe la demanda, pero dentro de la tradicional regla de que no se admitan variaciones sustanciales respecto del escrito de demanda. También, si a su derecho conviniere, solicitará el recibimiento del pleito a prueba. La carga de probar la ilegalidad de la denegación del registro corresponde a la parte demandante, ya que la denegación del registro del acta, al ser un acto administrativo, goza de presunción de legalidad.

En cuanto a las pruebas, la más importante es el propio expediente administrativo. A resaltar también es la posibilidad de que presten declaración como testigos los miembros de la Mesa electoral. También a resaltar por especial, es la prueba de interrogatorio de partes (antigua confesión judicial), dado que quien debe ser “interrogada” es la propia Oficina Pública que deniega el registro, con la peculiaridad que este hecho acarrea, en cuanto a quién debe, personalmente, ser interrogado.

La sentencia deberá dictarse en tres días (plazo que normalmente no se cumple), y es irrecurrible. Se deberá notificar a las partes y a la Oficina Pública. Si se estima la demanda, la sentencia ordenará al inmediato registro del acta electoral (artículo 136 de la LRJS).


 

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