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  GUIA DE ELECCIONES SINDICALES 2014

Guías jurídico-sindicales

 

I       NORMAS DE APLICACIÓN AL PROCESO DE ELECCIONES SINDICALES DEL PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

II      INTRODUCCIÓN

III    PERSONAL LABORAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ESPECIALIDADES

IV    ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO

V     PROMOCIÓN ELECTORAL

VI    PROCEDIMIENTO ELECTORAL.

VII      PROCEDIMIENTO ARBITRAL.

VIII     IMPUGNACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DENIEGUE EL REGISTRO DEL ACTA ELECTORAL.

IX    OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN JUDICIAL EN MATERIA ELECTORAL.

X  . CONSEJOS FINALES.

XI    MODELOS NORMALIZADOS Y FORMULARIOS.

 

ELECCIONES SINDICALES EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


VII PROCECIMIENTO ARBITRAL

El artículo 28 de la LORAP regula las impugnaciones en materia electoral, estableciendo un procedimiento arbitral obligatorio a tal fin, del que se exceptúa las denegaciones de inscripciones del acta electoral en el registro, que se podrán plantear directamente ante la Jurisdicción Social. Este procedimiento es similar al procedimiento recogido en el ET y en el RES respecto de las impugnaciones en materia electoral en elecciones a representantes de trabajadores no funcionarios. El procedimiento regulado en el artículo 28 y siguientes de la LORAP, se reproduce y desarrolla a su vez a través de los artículos 23 y siguientes del Real Decreto 1846/1994.

• 1.- A través de este procedimiento, en las elecciones a Delegados de Personal y miembros de las Juntas de Personal, se pueden impugnar:

a) Las elecciones en sí.

b) Las decisiones que adopte la Mesa, así como cualquier otra actuación de ésta. En estos supuestos, es obligado el haber realizado la Reclamación Previa ante la propia Mesa, y que habrá de efectuarse dentro del día laborable siguiente al acto que motiva la impugnación.

c) La Reclamación Previa debe ser resuelta por la propia Mesa en el día hábil siguiente a su presentación, (aunque la Mesa haya finalizado ya sus funciones) excepto si se trata de empresas con menos de 30 funcionarios y funcionarias, en el que el plazo se fijará por la propia Mesa bajo criterios de prudencia.

Nota: “Para impugnar el Preaviso interpuesto por otro sindicato, o cuando se impugne el preaviso realizado por CGT, debemos dejar sentado que ha quedado resuelto de momento, descartando el Tribunal Supremo el procedimiento arbitral por considerarse dicho preaviso acto previo al procedimiento electoral.

Anteriormente existían posiciones que defendían la inclusión en el procedimiento arbitral de la impugnación del preaviso, pero dicha cuestión ha quedado resuelta desde la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de Mayo de 2006, así como las diferentes sentencias que se han dictado a resultas de la misma.

Así, se debe impugnar según el supuesto, bien utilizando la vía del conflicto colectivo, la tutela de derechos fundamentales o el procedimiento ordinario, pero siempre acudiendo a la vía judicial sin acudir a la vía arbitral.

En igual sentido que la referida sentencia del Tribunal Supremo de fecha 04.05.2006, podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10.11.2009, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 11.07.2008, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 22.04.2008 o sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 04.02.2009”.

En caso de no resolverse la reclamación previa por parte de la Mesa en los plazos establecidos, se entenderá desestimada, y quedará abierto el procedimiento arbitral.

Nota: La reclamación previa ante la Mesa, puede hacerse por escrito o verbalmente (Laudo de 9 de febrero de 1995, puesto en Salamanca por don José Luis Hernández de Luz). No obstante, el realizarla de forma verbal, puede acarrear serios problemas de prueba, con lo que se recomienda realizarla por escrito; de hacerse verbalmente, se debe hacer constar en el apartado reservado a reclamaciones e incidencias que figuran en los modelos normalizados de actas electorales

• 2.- El procedimiento arbitral se inicia a través de escrito dirigido a la Oficina Pública. El escrito de impugnación deberá dirigirse también a quien promovió las elecciones y a quienes hayan presentado candidaturas.

2.1.- Podrán instar el procedimiento arbitral:

a) Todos los que tengan “interés legítimo” en el determinado proceso electoral.

b) La administración.

Nota: Llama la atención el uso del concepto jurídico indeterminado “interés legítimo”, lo que nos lleva a una interpretación amplia de quién está legitimado para promover el procedimiento arbitral. La expresión “interés legítimo” se identifica con “la titularidad potencial de una posición de ventaja o utilidad jurídica de quien ejercita la pretensión y que se materializaría si prosperara ésta”, o en otras palabras, “cualquier utilidad o ventaja jurídica derivada de la reparación pretendida”, definición acuñada entre otras, en Sentencias del Tribunal Constitucional 60/1982, 62/1983, 258/1988, 97/1991, 264/1994 y 192/1997.

Clara es la legitimación de los que intervienen en el proceso electoral, esto es, sindicatos, administración y los componentes de las distintas candidaturas, sean estas sindicales o no, e incluso de los trabajadores electores. Los órganos de representación unitaria también estarían legitimados, en tanto concurra en ellos el referido “interés legítimo” (Sentencia del Tribunal Central de Trabajo de 21 de diciembre de 1981, Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 13 de marzo de 1992). Sin embargo, no está legitimada para promover este procedimiento la Mesa Electoral como tal, por ser incompatible con su carácter imparcial (Laudo de 12 de septiembre de 1995, puesto en Las Palmas de Gran Canaria por don José Manuel Subirats Sueiras)

2.2.- Los motivos o causas en los que se puede basar la impugnación a través de este procedimiento arbitral:

- La existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que alteren el resultado.

- La falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos.

- La discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral.

- La falta de correlación entre el número de funcionarios y funcionarias que figuran en el acta de elecciones y el número de representantes elegidos.

• 3.- La iniciación del procedimiento deberá realizarse por escrito de quien cuente con “interés legítimo”, y deberá ser “dirigido” a la Oficina Pública a la que corresponde el proceso electoral en cuestión.

Nota: El error en la Oficina Pública no impide la tramitación del escrito. Sin embargo, no es válido presentar el escrito iniciador del procedimiento arbitral en el Juzgado (Laudo de 25 de abril de 1995, puesto en Las Palmas de Gran Canaria por don José Luis Berná Márquez).

El escrito podrá ser normalizado mediante modelo aprobado por la autoridad laboral, ya sea en castellano o en otra lengua cooficial en la comunidad autónoma de que se trate.

3.1.- El contenido del escrito de impugnación deberá contener obligatoriamente:

a) La Oficina Pública competente a la que se dirige (recordar la nota anterior, en cuanto al error en la Oficina Pública).

b) Nombre y apellidos del promotor o promotora del procedimiento, con designación del DNI, acreditación de su representación cuando actúe en nombre de persona jurídica (por ejemplo, un sindicato), y un domicilio a efectos de notificaciones.

Nota: En cuanto al término “dirigir” hay opiniones al respecto de que ha de ser el propio promotor del procedimiento quien “dirija” el escrito de iniciación a todas las partes, y no la Oficina pública. En este sentido, el Laudo de 13 de diciembre de 1994, dictado en Almería por don José Manuel Castañeda Fábrega, así como el Laudo de 2 de febrero de 1995, confirmado por Sentencia, de 2 de mayo del mismo año, del Juzgado de lo Social número 2 de Santander . No obstante, dado el carácter público del arbitraje, y para evitar situaciones de indefensión u obstruccionismo, debe ser la oficina pública la que notifique el escrito de impugnación a las partes demandadas, al hacer entrega de la citación para el arbitraje. Así se viene haciendo habitualmente en cada oficina provincial

c) Partes afectadas por la impugnación del proceso electoral, determinando su nombre y domicilio.

d) Hechos que motivan la impugnación que han de estar relacionados con los anteriormente expuestos en el punto 2.2.

e) Acreditación de haberse interpuesto la reclamación previa ante la Mesa Electoral, cuando así sea exigible (ver punto 1, tercer y cuarto párrafo).

f) Debe recoger a su vez la solicitud, como mera manifestación de voluntad, de acogerse al procedimiento arbitral .

g) Y por último, debe recoger la fecha, el lugar y la firma del promotor o promotora, así como la administración, aunque no haya sido demandada.

3.2.- El escrito debe presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en el que se hayan producido los hechos que motivan la impugnación, o bien, en los supuestos en los que se exige la reclamación previa ante la Mesa, dentro de los tres siguientes a aquel en el que la Mesa hubiera resuelto. De no haber resolución de la reclamación previa por parte de la Mesa, el plazo para presentar el escrito ante la administración laboral correspondiente, comenzará a contar desde el día siguiente aquel en el que hubiera debido resolver (ver punto 1. c).

3.3.- En caso de impugnaciones promovidas por sindicatos que no hubieran presentado candidatos, en el centro en que se hubieren realizado las elecciones, los tres días se computarán desde el día en que se conozca el hecho en que se basa la impugnación.

Nota: Este “conocimiento” del hecho concreto no es “notificación” del mismo, asimilándose más a una “obligación de conocer”, que a un “derecho a ser notificado”, (Laudo de 6 de junio de 1995, puesto en Valencia por don Vicente Segarra de los Reyes).

Así, como ejemplo concreto, el plazo empieza a contar desde que las actas de escrutinio son expuestas en el tablón de anuncios de la oficina pública, pues desde ese momento se tiene la “obligación” y la posibilidad de “conocer”. En este caso, el plazo sería de cuatro días hábiles desde la fecha de la presentación de las actas en la oficina pública de registro de la administración laboral, siempre y cuando se hubiera procedido a la publicación de las actas en el inmediato día hábil posterior al de su presentación. En  general, las actas presentadas los viernes se tendrán por presentadas los lunes o si éste fuera inhábil, el día siguiente hábil, dado que los sábados las oficinas públicas no proceden a exponer las actas en el tablón.

No obstante, en este punto se ha de ser cauteloso, pues la doctrina y jurisprudencia no son pacíficas

3.4.- Si el impugnante es la administración, cabe la duda de si el plazo empieza a contar desde que se le da traslado del acta de escrutinio, pues desde ese temprano momento ya tiene conocimiento del hecho a  impugnar, si en las referidas actas consta, o son ellas mismas, el acto a impugnar (Laudo de 14 de diciembre de 1995, puesto en Madrid don  Adrián González Martín).

3.5.- Con respecto a la impugnación de actos realizados el día de la votación o posteriores al mismo, el plazo es de diez días, contados a partir de la entrada de las actas en la Oficina Pública competente. El plazo es de caducidad, y por tanto podrá ser apreciado de oficio por el árbitro (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior del País Vasco, de 13 de junio de 1995).

3.6.- En el caso de que el último día para la impugnación sea sábado, que aunque siendo hábil en sus veinticuatro horas, los registros de las administraciones, e incluso correos, tienen limitaciones horarias, algunos Laudos han admitido la posibilidad de que se pueda presentar en el día hábil inmediatamente siguiente, esto es, el lunes, de ser éste hábil (Laudo de 13 de junio de 1995, puesto en Valencia por don Vicente Segarra de los Reyes).

3.7.- Si se hubiere presentado el acta electoral para su registro, la iniciación del procedimiento arbitral suspende su tramitación.

3.8.- Mientras se tramita el procedimiento arbitral y el posterior judicial, se paraliza la tramitación de nuevos procedimientos arbítrales. No es posible la acumulación de diversos procedimientos arbitrales. A su vez, la iniciación del procedimiento arbitral interrumpe los plazos de prescripción, suspende la tramitación del procedimiento administrativo de inscripción del acta electoral cuyo proceso se haya impugnado, pero hasta que se dicte el Laudo correspondiente, y sólo hasta este momento, no alargándose en este caso la suspensión hasta la resolución judicial correspondiente.

3.9.- La autoridad laboral dará traslado al árbitro del escrito de impugnación en el día hábil siguiente a su recepción, junto con una copia del expediente electoral.

• 4.- La designación de los árbitros está regulada el artículo 28.3 de la LORAP, y de acuerdo con las normas de desarrollo del Reglamento (R.D. 1486/1994).

4.1.- Si las partes acuerdan la designación de un árbitro común, será éste el encargado de dictar el Laudo.

4.2.- A falta de acuerdo entre las partes, se designará un árbitro conforme al procedimiento regulado en los artículos antes señalados. Los árbitros deben ser designados bajo los principios de neutralidad y profesionalidad, entre licenciados en Derecho, Graduados Sociales o “titulados asimilados”.

Nota: La expresión “titulados asimilados”, tan inconcreta, ha acarreado problemas de interpretación, considerándola alguna parte de la doctrina referida a graduados universitarios en alguna de rama relacionada con el ámbito del Derecho Electoral, tal y como pudiera ser un Diplomado en Estadística, y otros a los Diplomados en Relaciones Laborales (que se homologó en su día a los Graduados Sociales), lo que conforma un amplio abanico de posibles árbitros.

Su designación se efectuará:

4.2.a) Por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos a nivel estatal o de Comunidades Autónomas, dependiendo del ámbito de los procesos electorales a cubrir, los que tengan el 10 por 100 o más de los Delegados de Personal y de los miembros de las Juntas de Personal en el conjunto de las Administraciones Públicas y de los que ostenten el 10 por 100 o más de dichos representantes en el ámbito provincial, funcional o de la unidad electoral correspondiente.

4.2.b) A falta de acuerdo unánime entre los sindicatos, la autoridad laboral competente, ofrecerá una lista en cada demarcación geográfica con el triple de árbitros de los exigidos (los Árbitros elegidos serán dos como mínimo en cada una de las provincias).

De entre ellos, elegirán los sindicatos un número igual al necesario para cubrir. Serán designados por fin árbitros, los que hayan sido seleccionados por un mayor número de sindicatos. En caso de empate, es la administración laboral la que designa los árbitros, en función de los representantes de los trabajadores con que cuente cada sindicato.

4.2.c) Para las reclamaciones en cuanto a la no participación en la elección de los órganos, han de tramitarse por el procedimiento de conflicto colectivo.

4.3.- Incluso con el procedimiento iniciado, y antes de la comparecencia, es posible que las partes consigan designar de mutuo acuerdo un árbitro. En este supuesto, deberá ponerse este extremo en conocimiento de la autoridad laboral para que ésta de traslado al nuevo árbitro del expediente.

4.4.- El mandato de los árbitros será de cinco años, pudiendo ser renovados, sin que la legislación establezca limitación alguna. Su mandato se extingue por:

- por el transcurso de los cinco años (excepto renovados);

- por fallecimiento;

- por fijar su residencia fuera del ámbito territorial para el que fueron elegidos;

- y por revocación, que deberá ser por acuerdo unánime de los sindicatos legitimados para su designación.

4.5.- En cuanto a los medios materiales y personales que el árbitro necesita, serán facilitados por la Administración laboral competente. Los honorarios y gastos de los árbitros pueden ser subvencionados, tanto por las Comunidades Autónomas en el caso de tener delegadas las competencias, como por la Administración del Estado en caso contrario. Su retribución se fija dependiendo de los Laudos emitidos, desplazamientos y gastos diversos.

4.6.- Las causas de recusación y abstención de los árbitros se basan en la necesidad de imparcialidad. Están recogidas en el artículo 28.4 de la LORAP, y son:

- Por tener interés personal en el asunto concreto.

- Ser administrador de una sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa con alguna de las partes.

- Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con los interesados, los administradores de entidades o sociedades interesadas, asesores, representantes legales o mandatarios, o incluso compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

- Por tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

- Por prestar servicios con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier lugar en los dos últimos años.

4.6.a) Es obligación del árbitro abstenerse si está inmerso en una de las causas anteriores y, motivadamente, comunicarlo a la administración laboral a fin de que ésta designe un nuevo arbitro de la lista.

4.6.b) En caso de que sea recusado por alguna de las partes, el árbitro decidirá motivadamente sobre su propia recusación, siendo recurrible ante la Jurisdicción social su decisión.

• 5.- En cuanto a la actuación del árbitro, éste ha de recibir el expediente de la oficina pública en el día siguiente al hábil en que el escrito de impugnación se hubiere presentado por la parte promotora. Debe hacérsele llegar también una copia del expediente electoral.

5.1.- A las 24 horas de la recepción del escrito y del expediente, el árbitro citará a las partes interesadas para una comparecencia ante él, debiendo celebrarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la citación. La comparecencia se asemeja a una intervención oral, y se imbuye en el “principio de inmediación” (en este sentido, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 13 de junio de 1995), así como de los “principios de audiencia y contradicción de las partes”. La legislación laboral no regula el desarrollo de esta comparecencia; así, deberá ser el árbitro, bajo estos principios, el que dirija el desarrollo de la misma, único momento de las partes para manifestar su posición jurídica.

5.2.- Se pueden proponer pruebas tanto por las partes como por el propio árbitro de oficio. Dentro de las pruebas procedentes están el reclamar la colaboración del empresario o administraciones públicas y la personación en el Centro de Trabajo.

El momento más adecuado para proponer prueba es en el escrito de impugnación, pues así quedará constancia de la solicitud, y en caso de que el árbitro no permita a las partes la oportunidad de presentar pruebas (causa de impugnación judicial de Laudos, recogida en el artículo 128.d LPL), quedará constancia a los efectos de su posterior impugnación ante la Jurisdicción social (recuérdese que no existe un acta como tal de la comparecencia ante el árbitro, que se limita a ir tomando notas para su constancia de los distintos argumentos de las partes).

5.3.- A la luz de la legislación laboral, entendemos que el árbitro no puede suspender o paralizar el proceso electoral en curso.

• 6.- Dentro de los tres días hábiles siguientes a la comparecencia, el árbitro resolverá el asunto sometido a arbitraje por medio del correspondiente Laudo, que deberá ser por escrito y razonado, resolviendo en Derecho sobre la impugnación del proceso electoral y en su caso, sobre el registro del acta. El Laudo, al menos, debe contener:

- Los datos del árbitro y de las partes.

- La petición concreta iniciadora del procedimiento arbitral.

- Las alegaciones y las pruebas.

- Las actuaciones llevadas a cabo y el lugar en el se formalizaron.

- La decisión final, precedida de su motivación jurídica. Esta decisión debe ser congruente con las peticiones de las partes. Así, el Laudo podrá:

a) Desestimar la impugnación planteada, declarando por tanto la validez de los actos impugnados.

b) Estimar la impugnación totalmente, declarando la nulidad o anulabilidad de los actos sometidos a arbitraje.

c) Estimar parcialmente la impugnación, declarando la nulidad o anulabilidad parcial de los actos impugnados.

- Existen dudas en la doctrina, al respecto de si debe o no constar la posibilidad de impugnación del Laudo, el plazo y órgano jurisdiccional ante el que se debe impugnar. A favor de incluir estos extremos en los Laudos, entre otras, recogemos la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 13 de junio de 1995.

La falta de este contenido mínimo, determina la nulidad del Laudo. Si se hubiese impugnado la votación, la oficina pública registrará o no el  acta, dependiendo del sentido del Laudo.

En cuanto a la terminación del procedimiento arbitral, la mayoría de la doctrina opina que las únicas formas acordes a Derecho de terminación del procedimiento arbitral son mediante Laudo, o mediante el desistimiento de la parte promotora.

6.1.- El Laudo deberá notificarse a las interesadas e interesados y a la Oficina pública.

6.2.- El Laudo arbitral, cuando es firme, tiene efectos de “cosa juzgada”, y vincula a las partes, a la autoridad laboral y a la Mesa (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 13 de junio de 1995 y Laudo de 18 de octubre de 1995, puesto en Bilbao por don Miguel Pérez Díez).

6.3.- El Laudo puede ser impugnado ante la Jurisdicción Social, tal y como establece el artículo 29 de la LORAP, a través del procedimiento específico que se detalla a continuación.

• 7.-  La IMPUGNACIÓN DE LOS LAUDOS ANTE LA JURISDICCIÓN SOCIAL, está regulada en los artículos 127 a 132 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social

7.1.- El plazo para impugnar el Laudo es de tres días, contados desde que se tuvo conocimiento del Laudo (artículo 127.3 de la LRJS). Con respecto al concepto “conocimiento”, nos remitimos a la nota del punto 3.3.

No son necesarias la reclamación ni conciliación previas. La demanda deberá ir acompañada de tantas copias como partes demandadas haya.

Nota: Los días del mes de agosto son hábiles para este tipo de procesos, según establece el artículo 43.4 de la LRJS

7.2.- Podrán impugnar el Laudo ante la Jurisdicción social quienes tengan “interés legítimo”, aunque no hayan sido parte en el arbitraje, siempre que resulten afectados por el Laudo. La empresa también podrá impugnar el Laudo, si en ella concurre ese “interés”, que no se le presupone, sino que deberá acreditar.

Nota: Nos encontramos de nuevo ante el concepto jurídico indeterminado “interés legítimo”, debiéndonos remitir a la nota del punto 2.1. No obstante, a modo de ejemplo, está legitimada la empresa para impugnar un Laudo ante la Jurisdicción social, si versa sobre las elecciones celebradas en su Centro de Trabajo (Sentencia del Tribunal Supremo, de 4 de octubre de 1993).

7.3.- Debe dirigirse el procedimiento contra las personas y sindicatos que fueron parte en el procedimiento arbitral, además de contra cualquier otro afectado por el Laudo, aunque no hayan intervenido en el procedimiento arbitral.

En ningún caso podrá comparecer como parte el Árbitro autor del Laudo impugnado, ni se podrá demandar a las Juntas de Personal, Delegados de Personal ni a la Mesa electoral, ni como institución, ni a las personas que la conforman (artículo 129.2 de la LRJS).

Sí pueden comparecer como parte, adoptando la posición que a su derecho convenga, los sindicatos, administración y componentes de candidaturas no presentadas por sindicatos que tengan interés legítimo, tal y como recoge el artículo 131 de la LRJS

Nota: Si planteada la demanda, el juez compete te considera que hubieran debido ser demandados más personas o entidades de las que lo han sido (“litis consorcio pasivo necesario”), señalará una audiencia preliminar entre las partes, para que aleguen lo que a su derecho convenga, resolviendo al respecto en el mismo acto, concediendo en su caso cuatro días a la parte actora, con el fin de que amplíe la demanda contra las partes no llamadas al pleito en un primer momento.

7.4.- La demanda de impugnación del Laudo, según determina el artículo 128 de la LRJS , únicamente podrá fundarse en:

a) La indebida apreciación o no apreciación de cualquiera de las causas:

- la existencia de vicios graves que pudieran afectar a las garantías del proceso electoral y que alteren su resultado;

- la falta de capacidad o legitimidad de los candidatos elegidos;

- la discordancia entre el acta y el desarrollo del proceso electoral;

- y en la falta de correlación entre los/as funcionarios y funcionarias que constan en el acta y el número de representantes elegidos.

Se exige que estas causas de impugnación hayan sido alegadas en el procedimiento arbitral por alguna de las partes, o de oficio por el Árbitro.

b) Haber resuelto el Laudo aspectos no sometidos al arbitraje o que, de haberlo sido, no puedan ser objeto del mismo, en cuyo caso la pretendida anulación sólo afectará a los aspectos no sometidos o no susceptibles de arbitraje, siempre que sean escindibles de la cuestión principal debatida.

c) Haber promovido el arbitraje fuera de los plazos estipulados en el artículo 29 de la LORAP.

d) Que el árbitro no haya concedido a las partes la oportunidad de ser oídas o de presentar pruebas.

e) Aunque no contenida en el artículo 128 de la LPL, otra causa de impugnación del Laudos la recusación en el procedimiento arbitral por alguna de las partes del árbitro, que no aceptada por éste, podrá ser revisada ante la Jurisdicción social.

7.5.- El procedimiento se tramitará con carácter urgente.

7.6.- Al admitir la demanda, el Juez reclamará a la Oficina Pública el Laudo impugnado y la copia del expediente del proceso electoral, documentación que deberá ser enviada al Juez en el día siguiente de ser requerida.

7.7.- El Acto del Juicio deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la admisión de la demanda. Ya en el Acto del Juicio Oral, la parte actora se ratificará en su demanda, o la ampliará, siempre y cuando esta ampliación no sea una variación sustancial de la inicial. A su vez, debe solicitar el recibimiento del pleito a prueba, si a su derecho conviniere. El demandante tiene la carga de probar la ilegalidad del Laudo, fundándose en las causas reseñadas en el punto 7.4.

Si el demandado o demandados no asisten al Acto del Juicio, quedan en “situación de rebeldía”, prosiguiendo el procedimiento sin ellos. Cabe la posibilidad de que sí comparezcan los demandados, pero se allanen a las peticiones de la parte demandante. Este allanamiento no acarrea la automática  sentencia estimatoria de las peticiones de la demanda, sino que la parte actora que sí comparezca, deberá de igual forma probar la ilegalidad de Laudo que impugna.

En caso de que quien no comparezca sea la parte demandante, se le tendrá por desistido del procedimiento.

7.8.- La sentencia se deberá dictar en tres días, debiendo ser notificada tanto a las partes como a la oficina pública. No cabe recurso contra la referida sentencia.

7.9.- El proceso judicial no suspende el desarrollo del procedimiento electoral, salvo a instancia de parte, y que se apruebe por el juez motivadamente, debiendo concurrir “causa justificada”. Por tanto, cuando se considere motivado, debe solicitarse al Juez mediante “Otrosí” en la misma demanda, la suspensión.

7.10.- Cuando el demandante sea la empresa, y a criterio del juez mediara por su parte la voluntad de obstaculizar o retrasar el procedimiento electoral, la sentencia le podrá imponer una multa que no excederá de 601 E, además del pago de los honorarios de los abogados de la parte contraria.


 

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