Reforma del Sistema Público de Pensiones
El gobierno de PSOE-UP, además de todas las fuerzas parlamentarias (más allá de la abstención “electoralista” del PP) y las élites económicas y financieras, al igual que los sindicatos pactistas, están de acuerdo en que los Fondos Europeos para la Recuperación, son esenciales en la reactivación de la economía capitalista y en consecuencia de su tasa de ganancia y dan por hecho que dichos fondos, la U€1 los somete a unas estricta condicionalidad: la primera a corto medio plazo para los países del sur como el estado español, que tiene que abordar las reformas en su mercado de trabajo y en el sistema público de pensiones y la otra condicionalidad (cuando las. circunstancias lo permitan) es la vuelta al Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo que reducir el déficit y la deuda, con la adaptación de políticas de recortes en el gasto público.
En este sentido se presentó a los agentes sociales, CEOE, CC.OO y UGT, las dos reformas exigidas por Bruselas (condicionalidad) a consensuar en la mesa de Diálogo Social.
Con fecha de 1 de julio de 2021, los agentes sociales, CEOE, Cepyme, CC.OO y UGT, conjuntamente con el Gobierno del PSOE/UP, han firmado la reforma del SPP, la cual tendrá dos o tres partes, con medidas restrictivas de derechos de menor a mayor, desde el 2021 hasta el final de la legislatura de este gobierno.
Creemos necesario que ambas reformas sean analizadas de manera conjunta, pues la interrelación entre el mundo laboral y el mundo pensionista, es una condición imprescindible en la defensa de los Derechos.
De la Reforma Laboral, solamente conocemos sus líneas maestras incluidas en el Plan de Resilencia y Recuperación mandado a Bruselas, así como algunos avances filtrados interesadamente a los medios de comunicación. De la segunda el texto firmado y el anteproyecto de ley.
La retórica que sustenta la necesidad de reformar las pensiones, parte de una base tramposa, garantizar la sostenibilidad del sistema, admitiendo en este planteamiento que el sistema actual es “insostenible” y a renglón seguido se añade que se hace para “garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y la equidad intergeneracional”.
