Las relaciones laborales y los beneficios sociales determinan un conjunto de derechos y deberes que se van recogiendo en las diferentes normas vigentes en cada momento: convenios colectivos, reglamentos gubernativos, leyes.
Para hacer valer esos derechos y deberes, los trabajadores y beneficiarios contamos con diversos medios y caminos a seguir; unos vienen marcados por nuestros propios impulsos, concretados en el Sindicato; otros vienen mediatizados por instituciones dadas por este “estado social y democrático de derecho”, como son la Inspección , la Administración de Justicia, el Defensor del Pueblo etc. Estas instituciones dadas están, lógicamente, ajustadas y sometidas al estado que las da. Debido a ello no es raro que nos encontremos con una sentencia judicial que no hace justicia, o con una actuación de la Inspección que encubre el incumplimiento de una norma por extrañas razones de oportunidad.
