De conformidad con el preámbulo del acuerdo en el que se dice: “En los últimos años, las Administraciones Públicas han vivido un intenso proceso de transferencias desde la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas, que ha comportado la cesión de un volumen muy importante de recursos humanos y materiales a estas Administraciones Territoriales, particularmente en ámbitos tan trascendentes para la prestación de servicios a los ciudadanos como la educación o la sanidad”,
